La Asociación de Fabricantes de Automóviles (ANFAC) ha comentado que le parece un hecho pionero en nuestro país y que podría servir de modelo para una posible reducción general y aumentar las ventas de los coches ecológicos. El objetivo del gobierno canario es que en el 2030 el 50 por ciento de los coches que circulen por la islas sean ecológicos.
Mientras tanto, en las Islas Baleares también se ha aprobado otra medida para mejorar la calidad del aire, y es prohibir la circulación por las islas, a partir de 2025, a vehículos diésel (también los modernos de bajas emisiones) que van legalmente por el resto de España y de la Unión Europea.
ANFAC ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern Balear, que pretende prohíbir la circulación de los vehículos de combustión en la región. Y van más allá, ya que a partir de 2035 se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a las Islas a partir de estas fechas. Tampoco los concesionarios ubicados en las Islas podrán vender vehículos con estas características como sí pueden hacer los situados en la Península, con el consiguiente impacto económico.
Son las dos caras de una misma moneda. Por un lado la apuesta por las nuevas tecnologías facilitando la compra de coches ecológicos, por otro la prohibición que, a mi parecer, solo conlleva el empobrecimiento de una zona y la destrucción de trabajo (esto no sólo afecta a los concesionarios, al turismo también).
A falta de unos días para el cierre de las matriculaciones de abril, hay un dato muy significativo, y es el aumento de las ventas en el canal de particulares del País Vasco, en donde el ejecutivo ha activado un plan de achatarramiento que implica que los usuarios deberán entregar las furgonetas con más de siete años de antigüedad y turismos que superen 10 años en circulación. Para los vehículos de gasolina o diésel que cumplan las condiciones de emisiones estipuladas por el Gobierno (emisiones inferiores a 114 gr./km de CO2, 184 gr./km o calificación energética A), el montante será de 2.000 euros por unidad. Para solicitar la ayuda, los usuarios deberán haber tenido el vehículo en propiedad desde antes del 1 de enero de 2019.
Si estas medidas funcionan… ¿Por qué no se aplican en todo el territorio?.
FUENTE: AUTO10